- Esta semana se sancionó a cinco empresas que no atendían las medidas preventivas
La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) ha realizado 372 suspensiones temporales de establecimientos que al ser verificados no cumplían con los protocolos establecidos para la prevención del Covid-19 o que estaban laborando en una fase de la contingencia en la que su giro comercial no está autorizado para reactivarse.
De este total de sanciones, cinco se ejercieron durante la presente semana como parte de las inspecciones que a diario llevan a cabo las y los verificadores sanitarios para corroborar que los establecimientos respeten los aforos e implementen medidas fundamentales para la reducción de riesgos de contagio, como es la aplicación de filtros sanitarios en sus accesos, dijo la titular de la institución, Blanca Pulido Medrano.
En estas visitas que hacen las compañeras y compañeros de COEPRIS a puestos fijos y semifijos se verifica que den cumplimiento a los 15 indispensables, es decir un listado con los puntos básicos sanitarios que en este contexto de pandemia deben cumplir los comerciantes y prestadores de servicio para evitar la transmisión del nuevo coronavirus en sus áreas de trabajo, comentó.
Entre esos aspectos destaca la designación de un trabajador que esté capacitado en la aplicación de protocolos sanitarios y que se responsabilice de su oportuna implementación; establecer señalética para guardar la sana distancia y para evitar el saludo de mano, beso o abrazo; contar con estaciones e insumos necesarios para el lavado o desinfección de manos; la toma de temperatura en los accesos a instalaciones, entre otras. Pulido Medrano dijo que en lo que va de pandemia, la institución ha realizado más de 4300 verificaciones a comercios y prestadores de servicios con base en las atribuciones que en materia de regulación, control y fomento sanitarios posee de acuerdo a la Ley General de Salud, al comentar que con estas acciones no se busca afectar los ingresos de las empresas, sino corroborar que lleven a la práctica aquellas disposiciones sanitarias que tienen por objetivo proteger el bienestar de las y los sudcalifornianos